Mapas antiguos se despliegan, se invocan dinastías lejanas y se repiten fórmulas que presentan como naturales unas reivindicaciones territoriales que, en realidad, son relativamente recientes. Detrás de esas fórmulas late una idea concreta: la del llamado “Gran Marruecos”. Una construcción ideológica que, desde hace décadas, intenta proyectar sobre el presente las fronteras de antiguos dominios dinásticos y que incluye, entre sus pretensiones, territorios que llevan siglos bajo soberanía española y otros cuya situación jurídica internacional sigue sin resolverse. Conviene examinar con rigor de dónde nace esa idea, qué bases históricas invoca y qué consecuencias prácticas ha tenido para España y para el pueblo saharaui.
El nombre y la inexistencia de una nación marroquí anterior al siglo XX
La palabra «Marruecos» no nació en el Magreb. Es una creación europea. Deriva del nombre de la ciudad de Marrakech, fundada hacia 1070 por los almorávides como capital de su imperio. Los europeos, al tratar con las distintas dinastías que se sucedieron en el territorio, tomaron el nombre de aquella ciudad —entonces la más conocida y la que con más frecuencia servía de sede del poder— y lo extendieron al conjunto del país. Así surgió en español «Marruecos», en francés «Maroc», en inglés «Morocco». En árabe, sin embargo, el territorio se ha designado tradicionalmente como al-Magrib («el Occidente») o, más precisamente, al-Magrib al-Aqsa («el Extremo Occidente»). La denominación europea, por tanto, no refleja una realidad nacional preexistente, sino una simplificación cartográfica y diplomática realizada desde fuera.
Esta distinción no es menor. Revela ya un problema de fondo: la proyección retrospectiva de un concepto moderno —el de patria y Estado-nación— sobre una realidad histórica muy distinta. Antes del siglo XX no existía una «nación marroquí» en el sentido contemporáneo del término. No había fronteras fijas reconocidas por todos, ni una administración territorial uniforme, ni una conciencia colectiva de pertenencia a una patria común que superara las lealtades más inmediatas. Lo que existía era un mosaico de poderes, dinastías y tribus.
Las sucesivas dinastías que gobernaron desde el siglo VIII —idrisíes, almorávides, almohades, meriníes, wattásidas, saadíes y, finalmente, alauíes— no construyeron un Estado nacional. Gobernaron dominios personales basados en tres pilares: el prestigio religioso (la condición de sharif, descendiente del Profeta, en el caso de los alauíes), la bay’a o juramento de fidelidad de las tribus y ciudades, y la capacidad militar para imponer el orden. Cuando esa capacidad flaqueaba, el poder del sultán se reducía a las ciudades principales y a las rutas comerciales. Amplias zonas del interior y del sur escapaban a su control efectivo.
Los propios marroquíes —término que en este caso es anacrónico, pero lo usaremos en lugar de otra expresión para no sufrir ningún tipo de señalamiento— distinguían tradicionalmente entre dos espacios: el blad al-Makhzen (el territorio del gobierno, sometido de forma más o menos directa al sultán) y el blad as-Siba (el territorio de la disidencia o de la autonomía tribal). En el segundo, las tribus reconocían a veces de palabra la autoridad del sultán, pero en la práctica se gobernaban por sus propios usos.
La lealtad primaria no se dirigía, por tanto, a una nación llamada Marruecos. Se dirigía a la dinastía de turno, a la adscripción religiosa o, sobre todo, a la tribu y al clan. Las alianzas se tejían y destejían según las circunstancias. Las guerras entre pretendientes al trono y las rebeliones tribales fueron constantes. No existía un sentimiento de «nosotros, los marroquíes» frente a un exterior claramente delimitado. Existían, sí, identidades religiosas y culturales compartidas en el marco del islam y de la lengua árabe o bereber, pero esas identidades no se traducían automáticamente en una conciencia política nacional moderna.
Solo con la instauración del Protectorado franco-español en 1912 se dibujaron por primera vez fronteras administrativas relativamente estables y se impuso una estructura estatal que, aunque colonial, unificó el territorio bajo una misma autoridad. Fue en ese marco, y en reacción a él, donde empezó a gestarse el nacionalismo político marroquí. Antes, la idea de un «Marruecos» como patria con límites fijos y derechos históricos sobre territorios vecinos era, simplemente, inexistente.
Esta realidad histórica no es un detalle erudito. Es el punto de partida indispensable para juzgar las pretensiones posteriores. Porque si no existió una nación marroquí con fronteras definidas hasta el siglo XX, resulta problemático invocar «fronteras históricas» o «derechos milenarios» sobre territorios que, en muchos casos, nunca siquiera formaron parte del blad al-Makhzen de manera efectiva y continua; y ,aunque lo hubiesen hecho, ya hemos visto que no existía una identificación con una patria marroquí.
Lealtades dinásticas, tribales y religiosas: el mosaico premoderno
Si el nombre «Marruecos» es una proyección europea y la conciencia nacional moderna es un fenómeno del siglo XX, la realidad política anterior se comprende mejor como un mosaico de lealtades superpuestas y a menudo contradictorias. Las dinastías que se sucedieron no gobernaron una nación, sino un conjunto de territorios y poblaciones unidos, cuando lo estaban, por vínculos personales, religiosos y de conveniencia.
Para entender cómo se organizaba realmente el poder, es necesario aclarar un término clave de la historia magrebí que ya hemos visto: el Makhzen (o Makhzan). En su sentido originario, la palabra árabe designaba el «almacén» o el tesoro donde se guardaban los impuestos y los recursos del sultán. Con el tiempo pasó a referirse al conjunto del aparato de gobierno central: la corte, los ministros, los funcionarios, el ejército regular y las ciudades y tribus que aceptaban de forma efectiva la autoridad del sultán y le pagaban tributos. El Makhzen era, por tanto, el poder centralizado, el «Estado» en la medida en que este existía. Frente a él se alzaba el blad as-Siba (el territorio de la disidencia o de la autonomía tribal), donde las tribus se gobernaban por sus propios usos, recaudaban sus impuestos y solo reconocían al sultán de manera nominal o intermitente.
El fundamento del poder era la bay’a, el juramento de fidelidad prestado al sultán por las tribus, las ciudades y los notables. Ese juramento no equivalía a la ciudadanía de un Estado moderno. Era un pacto de lealtad personal, renovable y revocable. Cuando el sultán era fuerte y generoso, la bay’a se mantenía; cuando se debilitaba o exigía demasiado, se rompía. Junto a este vínculo dinástico operaba el prestigio religioso: la condición de sharif (descendiente del Profeta) en el caso de los alauíes, o la autoridad espiritual de las cofradías y los santones locales. Pero ni la dinastía ni la religión lograron borrar la tercera y más resistente de las lealtades: la tribal.
Las tribus del Rif, del Atlas Medio, del Alto Atlas y del sur sahariano conservaron durante siglos una autonomía de hecho. Reconocían a veces de palabra la autoridad del sultán, pero recaudaban sus propios impuestos, administraban justicia según sus costumbres y se alzaban en armas cuando consideraban que el poder central invadía sus prerrogativas. El blad as-Siba no era una excepción marginal: era una parte sustancial del territorio. Los sultanes debían organizar periódicamente la mahalla, una expedición armada de afirmación de autoridad, precisamente porque su poder no se ejercía de forma continua ni uniforme.
Las consecuencias de este sistema fueron permanentes. Las guerras entre pretendientes al trono, las rebeliones tribales y las secesiones temporales formaron parte de la normalidad histórica. El Rif, en particular, ofreció ejemplos reiterados de resistencia a la centralización. En el siglo XIX y a comienzos del XX, las tribus rifeñas se enfrentaron tanto a los sultanes alauíes como a las potencias europeas. El episodio más conocido es la República del Rif (1921-1926), proclamada por Muhammad ibn Abd el-Krim al-Khattabi tras el desastre de Annual. Aquella entidad política se dotó de gobierno, bandera, tribunales e incluso proyectos de moneda. Declaró su independencia no solo respecto de España, sino también, de forma implícita, respecto del sultán de Fez, a quien consideraba sometido a España y Francia. Fue aplastada por la acción conjunta franco-española, pero dejó un recuerdo indeleble: la posibilidad de una identidad política rifeña distinta de la del Makhzen.
Tras la independencia de 1956, el problema no desapareció. En 1958-1959 el Rif se alzó de nuevo contra el gobierno de Rabat, protestando por el abandono económico y por la imposición de una administración centralista. La represión fue dura. Décadas después, el Hirak del Rif (2016-2017), desencadenado por la muerte del pescador Mohcine Fikri, volvió a poner de manifiesto el malestar de la región. De aquel movimiento y de la memoria de Abd el-Krim ha surgido el Partido Nacional Rifeño, que reclama abiertamente la independencia o una autonomía amplia y que, de forma significativa, reconoce la soberanía española sobre Ceuta y Melilla. No es un detalle menor: quienes se oponen al centralismo de Rabat desde dentro del propio territorio marroquí no comparten las reivindicaciones irredentistas sobre las ciudades españolas.
Estos hechos —la República del Rif, los levantamientos de 1958-1959, el Hirak y el actual independentismo rifeño— no son anomalías. Son la expresión visible de una realidad más profunda: la unidad política de lo que hoy se llama Marruecos no es un dato histórico natural ni milenario. Es un proyecto político relativamente reciente, construido sobre la base del Protectorado y consolidado después de 1956 por la monarquía alauí. Antes de ese proceso, las lealtades principales eran dinásticas, religiosas y tribales. Y esas lealtades, lejos de haber desaparecido por completo, siguen generando tensiones en el interior del propio Estado marroquí.
La formación del Estado marroquí moderno: del protectorado a la independencia concedida
El Marruecos contemporáneo no nace de una evolución orgánica de una nación preexistente. Nace, en lo esencial, del Protectorado franco-español establecido en 1912. Fue entonces cuando, por primera vez, se trazaron fronteras administrativas relativamente estables y se impuso una estructura de gobierno que, aunque colonial, unificó bajo una misma autoridad territorios que hasta entonces habían vivido en la dualidad entre el Makhzen y el blad as-Siba.
El Tratado de Fez, firmado el 30 de marzo de 1912 entre Francia y el sultán Moulay Abd al-Hafid, estableció el Protectorado francés sobre la mayor parte del territorio. Poco después, el convenio hispano-francés del 27 de noviembre de 1912 delimitó la zona de influencia española en el norte (el Rif y la región de Yebala) y en el sur (Cabo Juby e Ifni). Estas fronteras no eran «históricas» en el sentido de corresponder a límites milenarios de un Estado marroquí. Eran el resultado de negociaciones entre potencias europeas y de la necesidad de administrar un territorio hasta entonces fragmentado. Por primera vez, el poder central —ahora tutelado por Francia y España— extendió su autoridad de forma más sistemática sobre zonas que habían permanecido autónomas durante siglos.
Fue en este marco colonial donde comenzó a gestarse el nacionalismo político moderno. Durante la década de 1920 surgieron círculos de estudio y propaganda en Fez, Rabat y Tetuán, influenciados por el salafismo reformista y por las ideas panarabistas que circulaban desde Oriente. Estos grupos, formados en su mayoría por jóvenes de la burguesía urbana, criticaban tanto el atraso interno como la dominación extranjera. El catalizador decisivo llegó en 1930 con el llamado Dahir bereber, un decreto del Protectorado francés que reconocía el derecho consuetudinario —de usos y costumbres— de las tribus bereberes y las separaba, en materia judicial, de la jurisdicción islámica, dándolas así mayor autonomía. La reacción fue inmediata: se interpretó como un intento de dividir a la población entre árabes y bereberes y de socavar la unidad religiosa. Las protestas unieron a sectores urbanos y religiosos, y de ellas surgió el embrión del movimiento nacionalista organizado.
A lo largo de los años treinta y cuarenta, el nacionalismo se consolidó en torno a figuras como Allal el Fassi y a organizaciones que culminarían en el Partido Istiqlal (Independencia), fundado en 1943. Su discurso combinaba la reivindicación de la soberanía, la defensa de la identidad arabo-islámica y, progresivamente, la idea de un territorio «histórico» más amplio que el delimitado por el Protectorado. Sin embargo, este nacionalismo no fue el resultado de una movilización popular generalizada ni de una guerra de liberación comparable a las de Argelia o Indochina. Fue, sobre todo, un fenómeno urbano, intelectual y político que aprovechó el debilitamiento de las potencias europeas tras la Segunda Guerra Mundial.
La independencia de 1956 no fue, por tanto, la culminación de una lucha armada unitaria. Fue el producto de una decisión política de Francia y España en el contexto de la descolonización. Francia reconoció la independencia el 2 de marzo de 1956; España lo hizo el 7 de abril del mismo año, devolviendo la zona del protectorado del norte. Mohamed V, que había sido desterrado por los franceses y se había convertido en símbolo de la causa nacionalista, regresó como sultán y, poco después, como rey. El nuevo Estado heredaba las fronteras del Protectorado, la estructura administrativa construida durante él y una monarquía que, a diferencia de otras dinastías magrebíes, había logrado sobrevivir al periodo colonial.
España, al reconocer la independencia, cedió el territorio del protectorado del norte, pero mantuvo Ceuta, Melilla y las plazas de soberanía. No lo hizo por arbitrariedad ni por residual colonialismo: lo hizo porque esas plazas no formaban parte del Protectorado. Su vinculación a España era muy anterior — varios siglos— a la creación del régimen de protectorado.
Así, el Marruecos que emerge en 1956 es un Estado joven, con fronteras definidas por el colonialismo europeo y con una identidad nacional forjada en buena medida en reacción a ese mismo colonialismo. No es la restauración de un reino milenario con límites naturales e inmutables. Es la transformación de un antiguo sultanato tutelado en un Estado-nación contemporáneo. Y es sobre esa base —reciente, construida y en buena parte externa— sobre la que, casi de inmediato, se proyectará la teoría del «Gran Marruecos».
La construcción de la teoría del Gran Marruecos
Allal el Fassi — fundador y principal ideólogo del Partido Istiqlal —, formado en la tradición salafista reformista e influido por el panarabismo de la época, desarrolló las tesis del Gran Marruecos entre 1947 y 1956, durante su exilio en El Cairo y en estancias en Tánger. En su libro Los movimientos de independencia en el Magreb árabe (1948) y en textos posteriores, sostuvo que las fronteras del Marruecos que acabaría independizándose no coincidían con las que, según él, le correspondían por derecho histórico, religioso y político. El mapa que su partido publicó en 1956 extendía el territorio reivindicado hasta incluir el Sáhara Occidental, la totalidad de Mauritania, el oeste de Argelia, el norte de Malí y las posesiones españolas del norte de África. Algunas versiones más extremas llegaron incluso a mirar hacia Canarias.
Los argumentos empleados por el Fassi y por el nacionalismo istiqlalí se apoyaban en una lectura selectiva del pasado. Se invocaba la máxima extensión de los imperios almorávide (siglo XI) y almohade (siglos XII-XIII), presentándolos como antecedentes directos del Estado marroquí moderno. Se hablaba de «fronteras naturales» y de «límites históricos» que habrían sido cercenados por el colonialismo europeo. Se afirmaba que las poblaciones de esos territorios habían prestado en algún momento la bay’a al sultán, y que, por tanto, debían reintegrarse al conjunto.
Estos argumentos, sin embargo, adolecen de errores de fondo que conviene señalar con claridad.
En primer lugar, confunden dominios dinásticos temporales con soberanía nacional permanente. Los almorávides y los almohades no gobernaron un Estado-nación llamado Marruecos. Gobernaron imperios de base religiosa y tribal cuya extensión fluctuó según la capacidad militar de cada momento. Tras su desaparición, las fronteras se reconfiguraron una y otra vez. Pretender que la máxima expansión de aquellos imperios constituye el «territorio histórico» de Marruecos equivale a afirmar que España debería reivindicar hoy los dominios de Carlos I o que Francia debería reclamar el imperio napoleónico. Es una proyección anacrónica.
En segundo lugar, ignoran los reconocimientos explícitos que los propios sultanes hicieron de los límites de su autoridad. El tratado de Lalla Maghnia (1845) entre Francia y el sultán fijó fronteras con Argelia que el propio poder marroquí aceptó. El acuerdo de 1799 entre el sultán Slimane y Carlos IV de España reconocía que las regiones de Saguia el-Hamra y Cabo Juby no formaban parte de sus dominios. Estos documentos no son detalles menores: demuestran que el propio Makhzen era consciente de que su poder no alcanzaba de forma efectiva a muchas de las zonas que después el nacionalismo del siglo XX reclamó como propias.
En tercer lugar, aplican retrospectivamente el concepto moderno de Estado-nación a una realidad anterior de lealtades personales, dinásticas y tribales. Como se ha visto en las partes anteriores, antes del Protectorado no existía una conciencia nacional unitaria ni un control territorial continuo. La bay’a prestada por una tribu en un momento determinado no equivalía a la cesión permanente de soberanía en el sentido del Derecho Internacional contemporáneo. Convertir esos juramentos intermitentes en títulos jurídicos permanentes es una operación ideológica, no un hecho histórico.
La monarquía alauí, una vez consolidada la independencia, asumió progresivamente esta doctrina. Mohamed V la toleró y Hassan II la convirtió en instrumento de legitimación interna y de proyección exterior. La teoría del Gran Marruecos dejó de ser solo una reivindicación de un partido nacionalista para convertirse en un elemento estructural de la política de Estado. Sirvió para cohesionar a la población en torno a la monarquía, para desviar tensiones internas hacia un enemigo exterior y para justificar, cuando las circunstancias lo permitieron, acciones de expansión territorial.
Así, lo que nació como una deforme reacción anticolonial en los círculos intelectuales de los años veinte y treinta se transformó, tras 1956, en un proyecto imperialista que cuestionaba las fronteras heredadas del Protectorado y, con ellas, la soberanía de España sobre Ceuta, Melilla y las plazas, así como el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. La construcción era ideológica. Sus consecuencias, sin embargo, han sido y siguen siendo muy reales.
Ceuta, Melilla y las plazas de soberanía: españolidad anterior a cualquier Estado marroquí
Ceuta, Melilla y el resto de las plazas españolas del norte de África no son colonias ni restos de un imperio ultramarino en fase de liquidación. Son territorios españoles de pleno derecho, integrados en la soberanía de la Corona mucho antes de que existiera un Estado llamado Marruecos y siglos antes de que se formulara la teoría del Gran Marruecos. Su vinculación a España es anterior, más profunda y jurídicamente más sólida que cualquier pretensión posterior basada en lecturas selectivas del pasado magrebí.
Ceuta formó parte del espacio hispánico desde la Antigüedad. Bajo dominio romano perteneció a la Mauretania Tingitana, pero su dependencia administrativa y jurídica se orientó hacia la Península, la Diocesis Hispaniarum. Durante el reino visigodo constituyó un condado cristiano; su último conde conocido, Don Julián, aparece en las crónicas vinculadas a los acontecimientos de 711. Tras la invasión musulmana permaneció bajo distintas dinastías islámicas durante siete siglos, pero su reincorporación al ámbito ibérico se produjo en 1415, cuando el rey Juan I de Portugal la conquistó.
En 1580, con la unión de las coronas española y portuguesa bajo Felipe II, Ceuta pasó a formar parte de la Monarquía Hispánica. Cuando Portugal se separó en 1640, los ceutíes no siguieron el ejemplo de la metrópoli portuguesa. Juraron fidelidad a Felipe IV y solicitaron permanecer bajo la Corona de Castilla. Esta decisión libre de la población local fue confirmada por Real Cédula de 1656 y reconocida definitivamente por Portugal en el Tratado de Lisboa de 1668. Desde entonces, Ceuta ha sido española de forma ininterrumpida. Su estatuto no es el de una colonia: es el de una ciudad integrada en el territorio nacional, con los mismos derechos y obligaciones que cualquier otra.
Melilla, al igual que Ceuta, formó parte del reino visigodo — previamente habiendo formado parte de la Mauritania Tingitana y la Diocesis Hispaniarum —bajo el nombre de Rusadir. Su reincorporación al dominio hispano es aún más temprana en el marco de la Corona de Castilla. En 1497, apenas cinco años después de la toma de Granada, una expedición patrocinada por los Reyes Católicos y dirigida por Pedro de Estopiñán, al servicio del duque de Medina Sidonia, tomó posesión de la plaza. El objetivo no era colonial en el sentido moderno del término: se trataba de asegurar la costa frente a la piratería berberisca y de proteger el comercio y las comunicaciones tras la culminación de la Reconquista. Melilla quedó vinculada a la Corona de Castilla desde ese momento. En 1556 la Casa de Medina Sidonia cedió sus derechos a la Corona, consolidando la soberanía directa.
A lo largo de los siglos siguientes, Melilla resistió asedios y presiones, pero nunca dejó de ser española. Tratados posteriores, como el firmado en 1766 con el sultán Muley Mohamed, reconocían de hecho la existencia de las plazas españolas y se limitaban a regular la buena vecindad. En ningún momento el poder del Makhzen ejerció soberanía efectiva ni continua sobre ella.
Junto a Ceuta y Melilla, España mantiene soberanía sobre un conjunto de peñones e islas menores cuya historia sigue la misma lógica defensiva y de presencia continua:
- Peñón de Vélez de la Gomera: Ocupado por primera vez en 1508 por Pedro Navarro en el marco de las campañas del cardenal Cisneros. Tras un periodo de alternancias, quedó bajo control español definitivo desde 1564. Nunca formó parte efectiva del Makhzen.
- Islas Alhucemas (Peñón de Alhucemas, Isla de Tierra e Isla de Mar): Ocupadas por España en 1673. Su toma respondió, una vez más, a la necesidad de controlar la piratería y asegurar la navegación en el Mediterráneo occidental. La soberanía española se ha ejercido de forma ininterrumpida desde entonces.
- Islas Chafarinas (Congreso, Isabel II y Rey Francisco): Ocupadas formalmente por España en 1848, en un contexto de competencia con Francia por el control de puntos estratégicos en la costa norteafricana. La ocupación se produjo sobre islas deshabitadas y no formaban parte de ningún dominio efectivo del sultán.
- Isla de Perejil (o Tura): Aunque de menores dimensiones y sin población permanente, España mantiene títulos históricos sobre ella. Fue conquistada por Portugal en 1415, y pasando a estar bajo soberanía española del mismo modo que Ceuta .La crisis de 2002, cuando gendarmes marroquíes la ocuparon temporalmente, terminó con el restablecimiento del statu quo previo tras la intervención española y la mediación estadounidense. El incidente puso de manifiesto, una vez más, la voluntad marroquí de erosionar la presencia española en la zona.
Todas estas plazas comparten rasgos comunes: fueron tomadas como posiciones defensivas frente a la piratería y las amenazas a la navegación; su ocupación es muy anterior a la existencia del Estado marroquí moderno; quedaron expresamente fuera del Protectorado de 1912; y España ha ejercido sobre ellas soberanía efectiva y continua durante siglos. En ningún caso existió una cesión, un tratado de entrega o un reconocimiento de soberanía marroquí.
Afirmar que estas ciudades y peñones son «territorios ocupados» no se sostiene ni en la historia ni en el Derecho. Nunca formaron parte del blad al-Makhzen de manera efectiva y continua. Su población (en el caso de Ceuta y Melilla), su derecho, su administración y su lealtad se orientaron durante siglos hacia la Península. La pretensión de incluirlas en el mapa del Gran Marruecos no restaura una soberanía perdida: inventa una que nunca existió.
Canarias: conquista castellana y pertenencia indudable
Las islas Canarias ocupan un lugar singular en el mapa de las pretensiones del Gran Marruecos. Aunque no todas las versiones de la teoría las incluyen de forma explícita —el mapa publicado por el Istiqlal en 1956 las omitía—, sectores irredentistas y algunos discursos propagandísticos han llegado a presentarlas como parte del “espacio natural” o “histórico” magrebí. Esta afirmación carece de cualquier fundamento serio.
La incorporación de Canarias a la Corona de Castilla es un proceso del siglo XV, plenamente documentado y anterior a la consolidación de la dinastía alauí y, por supuesto, a la existencia de cualquier Estado marroquí moderno. La conquista se inició a comienzos de esa centuria con las expediciones de Jean de Béthencourt, quien en 1402-1405 se hizo con Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro y prestó vasallaje al rey Enrique III de Castilla. El dominio castellano sobre el archipiélago quedó confirmado frente a las pretensiones portuguesas en el Tratado de Alcáçovas de 1479. La conquista de Gran Canaria (1478-1483), La Palma (1492-1493) y Tenerife (1494-1496) completó la integración del archipiélago bajo la soberanía de los Reyes Católicos.
Ninguna dinastía magrebí ejerció nunca soberanía efectiva sobre las islas. Hubo contactos comerciales, alguna razzia ocasional y, en épocas anteriores, presencia de poblaciones bereberes (los guanches eran de origen amazigh), pero eso no equivale a dominio político ni a título de soberanía. Los guanches no formaban parte del blad al-Makhzen ni prestaron bay’a a sultán alguno. Su mundo era el de sociedades aisladas, con estructuras propias, que fueron incorporadas a Castilla por conquista, del mismo modo que otros territorios peninsulares o insulares de la época.
La presencia castellana en Canarias se consolidó con la fundación de ciudades, la introducción del derecho castellano, la organización eclesiástica y la integración económica en las rutas atlánticas. Cuando, siglos después, se estableció el Protectorado sobre Marruecos, las islas quedaron completamente al margen de aquel régimen. En 1956, al reconocer España la independencia marroquí, nadie puso en duda la soberanía española sobre el archipiélago. No había título alguno que discutir.
Las reivindicaciones ocasionales que han aparecido en ciertos círculos nacionalistas marroquíes o en propaganda irredentista no se sustentan en tratados, en posesión efectiva ni en reconocimiento internacional. Se apoyan, una vez más, en la lógica expansiva del Gran Marruecos: si se acepta que las fronteras “históricas” pueden reescribirse según la máxima extensión de antiguos imperios o según afinidades étnicas remotas, entonces casi cualquier territorio cercano puede ser reclamado. Esa lógica, aplicada con coherencia, disolvería la mayor parte de las fronteras del mundo.
Canarias es española por conquista castellana del siglo XV, por integración jurídica y administrativa continuada durante más de quinientos años, y por la voluntad reiterada de su población. No existe ningún interregno marroquí, ni título dinástico, ni tratado que respalde una pretensión contraria.
El Sáhara Occidental: territorio no marroquí y derecho de autodeterminación
El Sáhara Occidental es el escenario donde la teoría del Gran Marruecos ha producido sus consecuencias más graves y duraderas. A diferencia de Ceuta, Melilla o Canarias, aquí no se discute una soberanía española antigua y continua, sino el destino de un territorio que fue provincia española hasta 1975 y que, según el Derecho Internacional, sigue siendo un territorio no autónomo pendiente de descolonización. La ocupación marroquí no ha cambiado esa condición jurídica. Pero tampoco el Frente Polisario puede presentarse como la voz inocente y legítima de un pueblo sin mácula.
Durante siglos, el territorio no formó parte efectiva del blad al-Makhzen. Las tribus saharauis vivieron con un alto grado de autonomía. España consolidó su presencia a finales del siglo XIX. En 1884 proclamó el protectorado sobre Río de Oro y, de forma progresiva, extendió su control a Saguia el-Hamra. En 1958 el territorio fue erigido en provincia española, con diputados en las Cortes y administración ordinaria. Durante casi dos décadas existió una presencia efectiva, infraestructuras y un orden jurídico que no había existido antes bajo ningún poder regional.
El 16 de octubre de 1975, la Corte Internacional de Justicia dictaminó que los vínculos históricos invocados por Marruecos no equivalían a soberanía territorial y reafirmó el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. Hassan II respondió de inmediato. El 6 de noviembre de 1975 lanzó la Marcha Verde: unos 350.000 civiles, respaldados por fuerzas militares, cruzaron la frontera. España, sumida en la crisis final del franquismo, firmó el 14 de noviembre de 1975 los Acuerdos de Madrid, por los que transfirió la administración del territorio a Marruecos y Mauritania. Esos acuerdos no transfirieron soberanía y la ONU nunca los ha reconocido como un acto válido de descolonización.
El Frente Polisario había sido fundado en 1973 con ideología marxista-leninista, el respaldo de Argelia y, durante la Guerra Fría, del bloque soviético. En los últimos años de presencia española llevó a cabo ataques armados contra unidades del Ejército español: emboscadas, hostigamientos y acciones con minas que causaron muertos y heridos entre soldados españoles. Aquellas operaciones formaban parte de una estrategia de desgaste destinada a forzar la retirada de España.
El 27 de febrero de 1976, un día después de que España completara su retirada formal, el Polisario proclamó en Bir Lehlu la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). A partir de ese momento mantuvo una guerra de guerrillas contra Marruecos y Mauritania. Mauritania firmó la paz en 1979 y abandonó su parte del territorio. El conflicto con Marruecos se prolongó hasta el alto el fuego de 6 de septiembre de 1991, mediado por la ONU. El Plan de Arreglo preveía un referéndum de autodeterminación que nunca se ha celebrado, fundamentalmente por desacuerdos sobre el censo electoral y por la negativa de ambas partes a ceder en lo esencial.
Desde 1975, Marruecos ha ejercido un control efectivo sobre la mayor parte del territorio y ha aplicado una política de hechos consumados. Ha promovido el asentamiento masivo de población civil marroquí, alterando la composición demográfica original. Ha construido un muro de más de 2.700 kilómetros. Organizaciones de derechos humanos y mecanismos de la ONU han documentado de forma reiterada un patrón de abusos contra la población saharaui que reivindica el derecho de autodeterminación: restricciones graves a la libertad de expresión, de reunión y de circulación; detenciones arbitrarias; y, en numerosos casos, torturas y malos tratos durante las detenciones y los interrogatorios. El desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik en noviembre de 2010, seguido de juicios militares y condenas largas, puso de relieve estas prácticas. Relatores especiales de la ONU y diversas organizaciones han recogido testimonios consistentes de tortura, tanto en los años de guerra abierta como en el periodo posterior al alto el fuego. Al mismo tiempo, Marruecos explota los recursos naturales del territorio —fosfatos, pesca y energías renovables— sin el consentimiento libre y previo del pueblo saharaui.
Por su parte, la dirección del Polisario ha convertido los campamentos de Tinduf, en territorio argelino, en un espacio opaco y controlado. Se han documentado restricciones graves a la libertad de movimiento, denuncias de reclutamiento de menores, ausencia de pluralismo político real y reiteradas acusaciones de corrupción y enriquecimiento de la cúpula. La población refugiada lleva casi medio siglo dependiente de la ayuda internacional, sin que la dirección del movimiento haya permitido una evolución democrática efectiva.
El resultado es un conflicto congelado en el que ninguna de las dos partes ofrece una solución limpia. Marruecos ha optado por la anexión de hechos consumados, amparada en la doctrina del Gran Marruecos, el cambio demográfico y el control autoritario sobre la población local, incluyendo prácticas de tortura y represión documentadas. El Polisario ha mantenido una estructura autoritaria y clientelar que instrumentaliza la causa saharaui y depende estratégicamente de Argelia. El derecho de autodeterminación sigue siendo el principio reconocido por la comunidad internacional, pero su ejercicio efectivo exige realismo: ni la imposición unilateral ni la perpetuación indefinida del contencioso al servicio de intereses ajenos constituyen una respuesta justa.
España, como antigua potencia administradora, conserva una responsabilidad histórica y jurídica que no puede resolverse con gestos de conveniencia ni con alineamientos automáticos. La teoría del Gran Marruecos convirtió el Sáhara en pieza de un proyecto expansionista. El Polisario lo convirtió en bandera de un movimiento que, medio siglo después, sigue sin devolver a su población ni libertad plena ni un horizonte político claro.
La verdad frente a la quimera
La teoría del Gran Marruecos no es una reivindicación histórica legítima. Es una construcción ideológica del siglo XX, elaborada por el nacionalismo político durante el Protectorado, sistematizada por Allal el Fassi y asumida después por la monarquía alauí como instrumento de legitimación interna y de proyección exterior. Nació en un momento en que Marruecos aún no existía como Estado-nación moderno y se alimentó de una lectura selectiva del pasado: confundió dominios dinásticos temporales con soberanía permanente, ignoró la dualidad secular entre el Makhzen y el blad as-Siba, y proyectó sobre el presente fronteras que nunca fueron estables ni reconocidas de forma continua.
La historia desmiente sus pretensiones. Ceuta, Melilla y las plazas de soberanía eran españolas siglos antes de que existiera la dinastía alauí y quedaron fuera del Protectorado de 1912. Canarias fue incorporada a la Corona de Castilla en el siglo XV y nunca formó parte de ningún dominio magrebí efectivo. El Sáhara Occidental no perteneció de manera continua al poder del sultán; fue provincia española y sigue siendo, según el Derecho Internacional, un territorio pendiente de descolonización. En todos estos casos, la tesis del Gran Marruecos no restaura una soberanía perdida: inventa una que no existió.
Desde 1956, esa invención se ha traducido en una política de Estado. Guerra de Ifni, cesión de Cabo Juby e Ifni, Marcha Verde, crisis migratorias deliberadas, influencia religiosa, rearme y obtención de contrapartidas económicas a cambio de una cooperación siempre condicionada. El patrón es coherente: presionar, erosionar y esperar el momento de debilidad española para avanzar reivindicaciones. Frente a ello, demasiados gobiernos españoles han respondido con ambigüedad, concesiones y una peligrosa inclinación a priorizar la tranquilidad inmediata sobre la defensa clara de la soberanía.
No se debe aceptar que una construcción ideológica reciente se convierta en criterio de legitimidad territorial. La estabilidad de las fronteras internacionales no puede depender de relatos nacionalistas elaborados a posteriori ni de interpretaciones interesadas del pasado. La historia debe servir para comprender la realidad, no para deformarla al servicio de proyectos expansionistas. Defender estos hechos no implica hostilidad hacia Marruecos ni cuestionar la necesaria cooperación entre ambos Estados; significa, sencillamente, respetar el Derecho, la historia documentada y los principios sobre los que descansa la convivencia internacional.
