La doctrina católica no obliga a ninguna nación a renunciar a su soberanía ni a abandonar a sus propios ciudadanos. Quien afirma lo contrario o no ha leído el Catecismo de la Iglesia Católica entero, o prefiere no hacerlo.
Existe una diferencia esencial, que la caridad verdadera nunca confunde, entre acoger al extranjero necesitado y sufrir una presión migratoria que amenaza el bien común, la seguridad y la identidad de un pueblo. La Iglesia enseña ambas cosas con claridad: el deber de hospitalidad prudente y el derecho —y el deber— de las naciones a defender sus fronteras, a establecer condiciones claras para la inmigración y a proteger primero a quienes les han sido confiados. Ignorar esta distinción no es fidelidad al Evangelio. Es traición a la justicia y al orden natural.
El numeral 2241 del Catecismo de la Iglesia Católica lo expresa con toda nitidez y merece ser citado completo, sin recortes interesados:
«Las naciones más prósperas tienen el deber de acoger, en cuanto sea posible, al extranjero que busca la seguridad y los medios de vida que no puede encontrar en su país de origen. Las autoridades deben velar para que se respete el derecho natural que coloca al huésped bajo la protección de quienes lo reciben. Las autoridades civiles, atendiendo al bien común de aquellos que tienen a su cargo, pueden subordinar el ejercicio del derecho de inmigración a diversas condiciones jurídicas, especialmente en lo que concierne a los deberes de los emigrantes respecto al país de adopción. El inmigrante está obligado a respetar con gratitud el patrimonio material y espiritual del país que lo acoge, a obedecer sus leyes y contribuir a sus cargas».
Este párrafo del Catecismo no es un manifiesto abolicionista de las fronteras. Es una enseñanza de equilibrio y de realismo político. La expresión “en cuanto sea posible” no es retórica: significa que la capacidad real de la nación —material, social y de orden público— constituye el límite objetivo de la acogida. Cuando esa capacidad se desborda, el deber de hospitalidad cede ante el deber superior y primario de preservar el bien común de aquellos que la autoridad tiene a su cargo. Las “condiciones jurídicas” que el Estado puede y debe imponer no son obstáculos arbitrarios ni concesiones discrecionales: son el instrumento legítimo para exigir que el inmigrante respete las leyes, contribuya a las cargas comunes, no altere el orden de la comunidad política que lo recibe y respete con gratitud su patrimonio material y espiritual —conjunto de bienes culturales, morales e históricos que son verdaderos y ordenados al bien de la persona y de la comunidad política—. El derecho de inmigración no es absoluto. Quien llega adquiere deberes concretos y exigibles hacia el país de adopción. La doctrina ampara únicamente la acogida ordenada de quien está dispuesto a integrarse en el marco jurídico y social existente; no ampara la presión desordenada y masiva que satura la capacidad de la nación y pone en peligro su bien común.
El criterio decisivo es el bien común. El Catecismo lo define con precisión en los numerales 1906, 1907, 1908 y 1909:
«1906 Por bien común, es preciso entender “el conjunto de aquellas condiciones de la vida social que permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más plena y fácilmente su propia perfección” (GS 26, 1; cf GS 74, 1). El bien común afecta a la vida de todos. Exige la prudencia por parte de cada uno, y más aún por la de aquellos que ejercen la autoridad. Comporta tres elementos esenciales:
1907 Supone, en primer lugar, el respeto a la persona en cuanto tal. En nombre del bien común, las autoridades están obligadas a respetar los derechos fundamentales e inalienables de la persona humana. La sociedad debe permitir a cada uno de sus miembros realizar su vocación. En particular, el bien común reside en las condiciones de ejercicio de las libertades naturales que son indispensables para el desarrollo de la vocación humana: “derecho a actuar de acuerdo con la recta norma de su conciencia, a la protección de la vida privada y a la justa libertad, también en materia religiosa” (cf GS 26, 2).
1908 En segundo lugar, el bien común exige el bienestar social y el desarrollo del grupo mismo. El desarrollo es el resumen de todos los deberes sociales. Ciertamente corresponde a la autoridad decidir, en nombre del bien común, entre los diversos intereses particulares; pero debe facilitar a cada uno lo que necesita para llevar una vida verdaderamente humana: alimento, vestido, salud, trabajo, educación y cultura, información adecuada, derecho de fundar una familia, etc. (cf GS 26, 2).
1909 El bien común implica, finalmente, la paz, es decir, la estabilidad y la seguridad de un orden justo. Supone, por tanto, que la autoridad asegura, por medios honestos, la seguridad de la sociedad y la de sus miembros. El bien común fundamenta el derecho a la legítima defensa individual y colectiva».
Y añade en el numeral 1910:
«Si toda comunidad humana posee un bien común que la configura en cuanto tal, la realización más completa de este bien común se verifica en la comunidad política. Corresponde al Estado defender y promover el bien común de la sociedad civil, de los ciudadanos y de las instituciones intermedias».
De esta doctrina se desprende una consecuencia clara: el Estado no es un hotel internacional ni una ONG. Es la autoridad política de una comunidad concreta. Su primer y principal deber es defender el bien común de esa comunidad. Cuando la afluencia migratoria pone en peligro la seguridad, satura los servicios públicos, desplaza a los trabajadores autóctonos o desborda la capacidad real de integración, la autoridad que no reacciona con firmeza no está practicando la caridad: está traicionando su razón de ser. El bien común de la propia nación no es un “egoísmo” que se opone al bien de la humanidad. Es la condición indispensable para que exista un orden justo. Un pueblo que pierde su seguridad y su estabilidad deja de poder ayudar a nadie. Primero se custodia la casa propia; después se abre la puerta con prudencia.
El numeral 1911 completa el marco:
«Las interdependencias humanas se intensifican. Se extienden poco a poco a toda la tierra. La unidad de la familia humana que agrupa a seres que poseen una misma dignidad natural, implica un bien común universal. Este requiere una organización de la comunidad de naciones capaz de “[proveer] a las diferentes necesidades de los hombres, tanto en los campos de la vida social, a los que pertenecen la alimentación, la salud, la educación […], como en no pocas situaciones particulares que pueden surgir en algunas partes, como son […] socorrer en sus sufrimientos a los refugiados dispersos por todo el mundo o de ayudar a los emigrantes y a sus familias” (GS 84, 2).».
Nótese con atención lo que el Catecismo no dice. No afirma que las naciones deban disolverse en una gobernanza mundial, ni que la soberanía política sea un obstáculo a superar, ni que el bien común universal anule el bien común particular de cada pueblo. Habla de una organización de la comunidad de naciones que socorra a los que sufren, no de la transferencia de poder a organismos que desprecian las fronteras y tratan a los pueblos como mera materia demográfica. El bien común universal se construye desde las naciones soberanas, no contra ellas. Cualquier lectura que utilice el 1911 para justificar la erosión de la soberanía nacional es una manipulación ideológica, no una interpretación fiel del Magisterio.
De aquí se sigue una consecuencia ineludible y de enorme gravedad: el Estado tiene el deber primario de proteger a sus propios ciudadanos. No es una opción secundaria. Es su razón de ser. La autoridad política no existe para gestionar la llegada indefinida de extranjeros, sino para custodiar el bien de aquellos que le han sido confiados. Cuando la afluencia de personas foráneas desborda la capacidad real de la nación, altera el orden público, satura los recursos destinados a las familias autóctonas o amenaza el patrimonio espiritual que constituye el alma de un pueblo, ya no estamos ante el “acoger al forastero” del Evangelio. Estamos ante una amenaza al bien común que la autoridad está obligada a repeler.
El numeral 1931 recuerda el principio fundamental del respeto a la persona:
«El respeto a la persona humana pasa por el respeto del principio: “Que cada uno, sin ninguna excepción, debe considerar al prójimo como «otro yo», cuidando, en primer lugar, de su vida y de los medios necesarios para vivirla dignamente”».
La tradición católica siempre ha enseñado que el amor tiene un orden. No se ama con la misma intensidad ni con la misma preferencia a todos los hombres. Existe una jerarquía natural y legítima: primero la familia, después los conciudadanos. Abandonar a los propios —a quienes viven en barrios degradados, a las familias que no encuentran vivienda asequible, a los jóvenes que ven amenazado su futuro laboral y social— para contentar a una masa indiferenciada de llegados de fuera no es caridad. Es desorden. El “prójimo” no es una abstracción cosmopolita. Es, en primer lugar, el que comparte con nosotros la misma tierra y la misma comunidad política. Preferir a los más cercanos no es egoísmo. Es la aplicación concreta del ordo amoris que forma parte del orden natural.
Hay una diferencia esencial que la caridad verdadera no confunde jamás. Una cosa es recibir con humanidad al que llega de forma ordenada, dispuesto a integrarse, a respetar las leyes y a honrar el legado de la tierra que lo acoge. Otra muy distinta es sufrir una presión masiva, desordenada y sostenida que pone en peligro la estabilidad de la comunidad política, la seguridad de las familias y la continuidad de la tradición cristiana. En el primer caso, la Iglesia manda hospitalidad prudente. En el segundo, la misma doctrina exige respuesta firme.
Porque el derecho a migrar no es absoluto. El Catecismo lo dice sin rodeos: las autoridades civiles «pueden subordinar el ejercicio del derecho de inmigración a diversas condiciones jurídicas». Las naciones tienen derecho legítimo a defender sus fronteras. Tienen derecho a establecer condiciones claras para la entrada y permanencia de extranjeros. Tienen derecho —y deber— a exigir que quien llega respete el orden jurídico, contribuya a las cargas comunes y no atente contra el patrimonio espiritual del pueblo que lo recibe. Negar esto no es caridad: es disolución. Es entregar a los ciudadanos propios al desamparo en nombre de una misericordia malentendida.
Por tanto, cuando la presión migratoria deja de ser acogida prudente y se convierte en afluencia masiva que satura los recursos, eleva la inseguridad o desborda la capacidad de la comunidad política, la autoridad no solo puede, sino que debe actuar con firmeza. Tiene el derecho y el deber de establecer límites, de exigir el respeto al orden jurídico, de seleccionar a quienes están dispuestos a integrarse y de proteger, por encima de cualquier presión, a los ciudadanos que le han sido confiados. Todo lo demás es sentimentalismo vacío o traición deliberada al bien común. La Iglesia no exige a ninguna nación que renuncie a su soberanía ni a la custodia de su propio pueblo. Exige justicia, orden y amor bien ordenado. Y eso comienza por defender la propia casa.
La Iglesia no ha cambiado de doctrina. Solo algunos han decidido leerla a medias. El derecho de las naciones a defender sus fronteras y el deber de los Estados de proteger a sus ciudadanos no son concesiones al egoísmo ni a ninguna ideología. Son exigencias de la justicia y del bien común que el propio Catecismo de la Iglesia Católica reconoce con toda claridad.
